AMETIC ha solicitado a la Generalitat que recapacite sobre las consecuencias de aplicar finalmente la conocida como «tasa catalana» que grava las líneas de Internet fijo y móvil contratadas, y que supone un coste mensual de 0,25 euros por línea para las operadoras de telecomunicaciones.
La Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC), ha solicitado al Gobierno de la Generalitat de Cataluña, que de marcha atrás en la medida anunciada por la que se pretende instaurar una nueva tasa por conexión a Internet a las operadoras de comunicaciones.
La medida que fue anunciada en su día, supondría que por cada línea que proporcione a Internet, las empresas de telecomunicaciones pagarán 0,25 euros al mes. La medida va a gravar tanto las líneas de banda ancha fija como móvil y desde muchos sectores se teme el impacto negativo que la “tasa catalana” pueda tener sobre el sector y los propios consumidores, quienes temen una repercusión del coste de la misma sobre las facturas de los distintos servicios contratados, a pesar de estar prohibida. La recaudación obtenida, sería destinada a subvención de la industria audiovisual catalana y a fomentar el a Internet en los equipamientos culturales.
Según AMETIC, esta medida supone una carga extra para las compañías, que tienen que desacelerar sus planes de expansión e inversión en nuevas infraestructuras debido a los nuevos costes, y además, el clima económico actual no parece el más propicio para introducir esta nueva carga sobre un servicio tan universalizado, que si bien puede tener un gran impacto recaudatorio, a la larga puede acarrear un deterioro del sector incluso en el ámbito de generación de empleo que podría verse también afectado.
a Internet. En este caso, la tasa sería de 50 céntimos de euros por cada GB de datos usado en Internet, con un máximo de 2,2 euros. La indignación se ha desatado en aquel país y la población ha comenzado a manifestarse ante lo que consideran una medida desproporcionada y abusiva. La Unión Europea a su vez se ha posicionado en contra del nuevo proyecto, criticando con dureza la intención del Ejecutivo.
¿Qué os parecen este tipo de medidas como vía de recaudación?