La piratería de contenidos sujetos a derechos de autor es un hecho que se encuentra patente en el mundo on-line desde hace más de una década. Utilizando diferentes sistemas que se han ido modernizando, en gran parte, con el paso de los años, estos s «pirata» se hacen con ficheros multimedia de diversa índole que tienen copyright, pero de manera totalmente gratuita.
Los sistemas más habituales para llevar a cabo estas acciones «ilegales» ya son varias, desde la descarga directa, pasando por el uso de las redes P2P basadas en el protocolo BitTorrent, que es el más habitual en estos casos, pasando por el streaming o las retransmisiones ilegales en plataformas como las redes sociales, por ejemplo. Además, por otro lado, las plataformas que a día de hoy ya se emplean para llevar a cabo estas tareas son de todo tipo, desde equipos de sobremesa, dispositivos portátiles, set-top-box, Raspberry Pi, etc.
Por todo ello cada vez son más los grupos que se asocian a la industria de la música, el cine o el entretenimiento en general, para luchar contra este tipo de acciones que, pese a la lucha existente desde hace mucho tiempo, parece que no disminuye, sino todo lo contrario. Una de las principales razones de que los diversos grupos y asociaciones antipiratería, así como gobiernos, instituciones legales o discográficas y productoras de cine, no logren los resultados esperados, en buena parte se debe a la picaresca de los internautas. Y es que estos, de una manera u otra, han ido aprendiendo a evadir este tipo de persecuciones utilizando VPNs, por ejemplo, o servidores con este tipo de contenidos ubicados en países menos «perseguidos».
La principal argumentación de la RIAA es que la firma no ha tomado medidas contra los infractores, especialmente contra aquellos identificados como reincidentes de violar los derechos de autor. Más concretamente se afirma que el ISP recibió avisos de que 1.840 de sus clientes habían incurrido en esta infracción al menos 100 veces, lo que podría traducirse en unas pérdidas cercanas a los 150.000 dólares, que es lo que reclaman, más los beneficios obtenidos por Grande Communications por la prestación del servicio.
De lo que no cabe duda es de que, los grupos que luchan contra esta piratería, han decidido, en lugar de ir a por los supuestos infractores directamente, «atacar» a aquellas empresas que, de un modo u otro, «ayudan» a estos a llevar a cabo estas acciones prestando una serie de servicios de Internet.
