Cabify y UGT se unen para combatir la precariedad laboral de los conductores VTC

Es un primer paso, aunque sin medidas específicas ni acciones concretas, para acabar con muchos casos de abuso laboral en el sector que, por otra parte, Eduardo Martín, presidente de UNAUTO, se apresuró a desmentir en el evento “son falsas las acusaciones que se han vertido sobre las empresas del sector y una de las principales es que los trabajadores son falsos autónomos. Eso no es cierto, los servicios están prestados por empresas, están dados de alta y cumplen todos los convenios. La mayor parte de los contratos son indefinidos y ofrecen un sueldo medio de 1.100 euros” afirmó Martín.

Este principio de acuerdo llega precisamente en plena guerra con el sector del taxi y con el propio Gobierno que planea transferir las competencias a las Comunidades Autónomas con el objetivo de reducir el ratio de licencias y así calmar los ánimos del taxi que reclama mayor regulación y control por parte de las autoridades.

Precariedad en empresas de VTC como Moove Cars

Los propios representantes del sector afirmaron que, en realidad, no existe un convenio colectivo propio para los conductores de VTC, una reclamación que hacen al Ejecutivo, ya que actualmente se rigen por el mismo que tiene el sector del taxi, muy beligerante con la actividad de las empresas VTC.

Cómo publicamos hace apenas unos días, los casos de abusos laborales en el sector VTC son evidentes. Jornadas de hasta 60 horas semanales, cambios de turnos sin ningún tipo de control, presiones para aumentar la facturación a toda costa y actitudes despóticas por parte de algunas empresas controladas por fondos buitre como King Street Capital.

Según Martín, esto no ocurre aunque confesó que “puede haber algunas ovejas negras” que se escapen del control de las asociaciones. Según el presidente de UNAUTO “las empresas VTC no se pueden escapar al control fiscal y telemático debido a los sistemas que se utilizan para operar. Es imposible librarse de la inspección laboral”.

sector del taxi. Manifestaron que se sienten injustamente tratados y preocupados porque la regulación de las empresas VTC que parece que se aprobará a finales del mes y hace “peligrar la seguridad de los empleos que se están creando y que se van a crear”. Según datos presentados en la firma del acuerdo, existen en España 15.000 puestos de trabajo “estable y de calidad” en el sector y se espera que se alcancen los 40.000 empleos directos en 2019.

Apelan a que generan empleo en los sectores más desfavorecidos para encontrar un empleo (personas con riesgo de exclusión social, parados de más de 50 años y mujeres que se reincorporan al mundo laboral), algo que dicen que “sustenta la certidumbre de que el marco de actuación de las VTC está totalmente disociado del de otros tipos de plataformas o modelos de negocio que fomenten una relación laboral de precariedad”. Precisamente, de eso se aprovechan determinadas empresas de VTC exprimiendo a sus empleados e incumpliendo sus contratos, saben que no tienen otra salida que el paro.

El verdadero y más inmediato temor es la regulación del sector mediante el Decreto Ley que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez y que podría dinamitar la actividad de las compañías VTC dado que, por el momento y según ellos, se ha realizado con la única intención de aplacar las iras del sector del taxi. Buena prueba es la huelga que se está planteando ante la aprobación de esta ley que, en palabras de Antonio Parrondo (Auro News Transport de Barcelona) que es quien ha llamado a la movilización “significa la quiebra total de las compañías”.

Quizás esta es la verdadera razón del acuerdo de objetivos, que no de acciones, que presenta al sector con buenas intenciones, como un empleador creciente, que quiere enmendar sus errores en cuanto a la calidad de los puestos de trabajo aunque no presente ninguna acción concreta, y que con la nueva ley supondría una importante subida de la cifra que podría importar, o presionar, al Gobierno: los parados.