Este es el precio por hackear datos bancarios de 438.000 personas: hasta 20 años de cárcel
Es cierto que en ocasiones los hackers se van de rositas y precisamente en esa aparente impunidad basan su actividad delictiva, pero en ocasiones como la de hoy, podemos sentir algo más de justicia al saber que dos de los principales hackers de nuestro país han sido procesados por la Audiencia Nacional.
Concretamente, la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de dos de los ciberdelincuentes que robaron datos bancarios de 438.000 contribuyentes. Estos son Daniel Baíllo Escarabajal (alias Kermit) y Juan Carlos Ortega Guerrero. El magistrado José Luis Calama, además, tiene pendiente la resolución sobre otro de los participantes en esos robos de datos de contribuyentes: José Luis Huertas Rubio, conocido como Alcasec.
Los hackers del mayor ciberataque
Esos tres nombres propios son los de los expertos informáticos responsables de lo que puede ser considerado como el mayor ciberataque sufrido nunca por organismos del Estado. Se considera que Alcasec (anteriormente operando bajo el alias de Txapote) es el autor principal de los hechos, por lo que su resolución va por separado.
En cuanto a los otros dos investigados por el ataque al Punto Neutro Judicial, Daniel Baíllo Escarabajal fue el principal ayudante de Alcasec, mientras que Juan Carlos Ortega Guerrero es considerado como el principal comprador de la información robada.
A Kermit, con domicilio en Cartagena, Murcia, se le considera, por ejemplo, el responsable de la contratación del dominio «cgpj-pnj.com» a través de la empresa Eranet International Limited, con sede en Hong Kong. Este se utilizó posteriormente para poder acceder a la istración de Justicia del País Vasco. Según las pesquisas policiales, este hacker contaba con un total de 16 equipos remotos (9 en Rusia, 3 en Alemania, 2 en España, uno en Reino Unido y uno en Ucrania).
El pasado mes de marzo, Alcasec fue detenido y llevado a juicio. Sin embargo, en mayo decidió dejar en libertad preventiva al joven con una serie de condicionantes: comparecer en el juzgado cada quince días, donde aparentemente ha estado también colaborando con la Justicia y la prohibición de salir del país, para lo cual se le retiró el pasaporte. La estimación es que podría enfrentarse hasta a 20 años de cárcel por los delitos antes mencionados. Desde entonces, además de colaborar con la investigación, supuestamente ha tomado un mejor rumbo con el que aplicar sus habilidades informáticas: responsable de ciberseguridad de una empresa.
