Cierran el IPTV pirata más barato y completo: adiós a 900 canales y 8000 películas por 4 euros al mes
El negocio de IPTV pirata sigue siendo uno de los que más daño hace a los poseedores de los derechos de propiedad intelectual. Para ir acabando con este negocio que tantas pérdidas reporta, se suceden las megaoperaciones para tumbarlos, como esta que ha ocurrido en Argentina contra uno de los servicios ilegales de televisión más económicos a la par que completos que hemos visto.
El servicio de IPTV pirata se llamaba Digital TV, contaba con unos 85.000 clientes y por solo 4 euros al mes ofrecía una barbaridad de
La técnica fue una clásica en las investigaciones de este tipo para recopilar pruebas: la del falso cliente. Una de las vendedoras atendió a las cuestiones de un hipotético cliente. La vendedora no lo sabía, pero la persona a la que estaba respondiendo un mensaje de WhatsApp no era un potencial cliente que quería saber el precio y los canales que ofrecían desde la app para la que trabajaba. Su interlocutor, en realidad, solo buscaba pruebas para presentar ante la Justicia con el objetivo de desbaratar un negocio ilegal que llegó a facturar esos más de 300.000 euros mensuales. El falso cliente consiguió las pruebas que necesitaba. Hasta llegó a abonar un abono mensual de Digital TV para tener todo documentado en la denuncia que fue presentada ante la UEFIC.
Este falso cliente era realmente parte de Asset Protection, el Área de Investigaciones de DirecTV, una de las empresas damnificadas por el IPTV pirata Digital TV. Los investigadores suponen que detrás de Coll hay más gente involucrada. Lo que sí está confirmado es que había una red de reventa que había traspasado fronteras. “Según se pudo determinar durante la investigación, la estrategia de Coll consistió en armar una red de revendedores y superrevendedores (llamados así por la escala de las transacciones), que se encontraban distribuidos en todo el país e incluso ya se había extendido a otros países de América Latina, como Uruguay, Paraguay y Costa Rica. Este tipo de delito genera pérdidas millonarias a las empresas y a los creadores de contenidos, atenta contra miles de fuentes de trabajo legítimas en la industria e impide la recaudación de impuestos”, explicaron fuentes judiciales.
