Estados Unidos y su poderosa industria no están conformes del todo con el modus operandi de los distintos poderes en España en la lucha contra la «piratería» en Internet. Su última petición pasa por que la fiscalía general del Estado condene las descargas P2P, aunque no tengan ánimo de lucro.
La aprobación de la Ley Sinde no es suficiente para el Comercio de Estados Unidos, uno de los organismos más preocupados por el respeto a la propiedad intelectual en la Red en el país norteamericano. Como leemos en elmundo.es, su nuevo objetivo pasa por la revisión de la circular de la fiscalía general del Estado de mayo de 2006. En ésta se señala que el intercambio de archivos a través de redes P2P no constituye un delito si no existe ánimo de lucro.
Sin embargo, en la intervención de Kira Alvarez, representante de la industria estadounidense, en la II Conferencia Anual sobre Innovación y Propiedad Intelectual ha señalado que «esta circular perpetúa el problema al dar un carácter no penal a las descargas por redes P2P, por eso debe ser revisada y el problema ahogado«. En opinión de Alvarez, en nuestro país se da un «continuo robo a los derechos de autor» y pone como ejemplo el negocio discográfico. «Actualmente el mercado musical español es la quinta parte de lo que fue en 2001. Es un dramático paso económico atrás. El valor de la música pirateada en la primera mitad de 2010 fue de 3.600 millones de dólares (más de 2.800 millones de euros)», aseguró.
La estadounidense criticó el elevado número de s que acceden a contenidos encriptados o protegidos con claves, así como la reciente sentencia que declara legal la modificación de videoconsolas. «España deberá tomar medidas que garanticen la ilegalidad de dispositivos que permitan eludir estas medidas», indicó a la par que insistió en la manida comparación: «El robo de la propiedad intelectual no es menos despreciable que el de los robos tangibles».
A pesar de estos tirones de oreja a la Justicia por favorecer las descargas por parte de los s, Alvarez felicitó al Gobierno por sus «esfuerzos» en materia de lucha contra la piratería al aprobar la redes P2P como eMule o BitTorrent al considerar que sus conductas son delictivas. ¿Cederán el Gobierno y la Justicia a estas presiones?
